LOS TRIBUNALES PENALES.
La impunidad que se consolidó en los Tribunales de Familia no terminó allí. No se agotó en las incompetencias, en los rechazos, en las omisiones, en las mentiras, en las resoluciones absurdas, en la desobediencia jerárquica, en la protección corporativa de los jueces. No se detuvo en la Corte Suprema, cuando decidió proteger al juez denunciado en vez de proteger a la víctima.
Ese fue solo el primer muro. El primer nivel de un sistema que, como bien describió Michel Foucault, no se equivoca: se protege. Un sistema donde cada engranaje —desde el consejero técnico analfabeto funcional hasta la Corte Suprema— actúa como parte de una arquitectura diseñada para perpetuarse, no para corregirse.
Pero cuando un sistema se protege a sí mismo, necesita más que un tribunal de familia para sostener la impunidad. Necesita otro nivel, otro muro, otro espacio donde la verdad pueda ser enterrada con más profundidad, donde la negligencia pueda disfrazarse de criterio técnico, donde la omisión pueda presentarse como «falta de antecedentes», donde la mentira pueda transformarse en «falta de mérito». Es atroz lo que estás leyendo, lector, pero así de crudo y dramático es. Así de perverso funciona el sistema judicial chilensis. Parafraseando al biólogo chileno Humberto Maturana, es la autopoiesis corrupta del sistema judicial: la capacidad de un sistema (vivo) para reproducirse y mantenerse a sí mismo.
Ese espacio es el sistema penal.
Porque cuando los Tribunales de Familia fallan, la víctima aún tiene una esperanza:
- Que el sistema penal actúe.
- Que la fiscalía investigue.
- Que los jueces de garantía exijan diligencias.
- Que se dicten medidas cautelares.
- Que se proteja a la víctima, Ricarda Quinteros.
- Que se controle al psicópata agresor.
- Que se fiscalice el hogar donde vive la víctima, «La Casa de los Abuelos».
- Que se verifique la medicación.
- Que se escuche al denunciante.
- Que se abra la puerta que el sistema de familia cerró.
Pero en Chile, esa esperanza también se destruye.
Porque el sistema penal —que debería ser el último muro de justicia— es, en realidad, el último muro de impunidad.
Un muro donde:
los fiscales rechazan causas sin abrirlas,
los jueces firman sobreseimientos sin investigar,
las denuncias de maltrato habitual se tratan como molestias administrativas,
la vida de una mujer de 99 años, inválida por maltratos del Hogar, es un tema menor,
la negligencia se normaliza,
la violencia se invisibiliza,
la verdad se diluye,
y la impunidad se consolida.
Lo que ocurrió en los Tribunales de Familia fue grave. Pero lo que ocurrió en los Tribunales Penales fue peor. Porque allí ya no se trataba de medidas de protección, ni de audiencias preparatorias, ni de consejeros técnicos y curadores ad litem ignorantes y subnormales.
Allí se trataba de delitos.
- De maltrato habitual.
- De violencia reiterada. De omisión criminal.
- De riesgo vital.
- De daño neurológico irreversible.
- De privación de libertad.
- De supresión de medicación.
- De apropiación indebida de recursos.
- De abandono.
- De tortura psicológica.
Y, aun así, el sistema penal decidió no ver.
- Decidió no investigar.
- Decidió no actuar.
- Decidió no proteger.
- Decidió no intervenir.
- Decidió no incomodar al agresor.
- Decidió no incomodar al hogar.
- Decidió no incomodar a nadie.
Porque cuando un sistema está diseñado para protegerse,
- La verdad es un riesgo.
- La víctima es un riesgo.
- El denunciante es un riesgo.
- La investigación es un riesgo.
- La justicia es un riesgo.
Por eso, después de atravesar el muro de la impunidad en los Tribunales de Familia, este libro debe atravesar el siguiente muro: los Tribunales Penales.
El lugar donde la negligencia se convierte en crimen. El lugar donde la omisión se convierte en violencia. El lugar donde la falta de diligencia se convierte en daño irreversible. El lugar donde la impunidad deja de ser administrativa y se convierte en penal. El lugar donde el Estado, una vez más, falló.
Y ahora, con el lector preparado, con la estructura expuesta, con la corrupción institucional desnuda, entramos al capítulo donde el sistema penal mostró su verdadera naturaleza:
La impunidad estructural y la negación de justicia. Los Tribunales Penales.
Y ahora vamos a penetrar el muro de la impunidad, de la omisión, de la falta de probidad, de la negligencia, del encubrimiento institucional. Los tribunales penales.
La impunidad que se consolidó en los Tribunales de Familia no terminó allí. No se agotó en las incompetencias, en los rechazos, en las omisiones, en las mentiras, en las resoluciones absurdas, en la desobediencia jerárquica, en la protección corporativa de los jueces. No se detuvo en la Corte Suprema, cuando decidió proteger al juez denunciado en vez de proteger a la víctima.
Ese espacio es el sistema penal. La impunidad estructural y la negación de justicia
Porque cuando un sistema está diseñado para protegerse, la verdad es un riesgo. La víctima es un riesgo. El denunciante es un riesgo. La investigación es un riesgo. La justicia es un riesgo.
1.- EL ÚLTIMO MURO DE LA JUSTICIA VERGONZOSA.
Los Tribunales Penales son el último muro. El último escudo. La última oportunidad de que el Estado cumpla su promesa. Deben controlar a la fiscalía, exigir diligencias, proteger a las víctimas, garantizar el debido proceso.
En el caso de Ricarda Quinteros Rivas, no hicieron nada de eso.
Nada.
Y su omisión permitió que el maltrato continuara, que la negligencia se consolidara, que la impunidad se normalizara y que la verdad se destruyera.
La querella por maltrato habitual fue admitida cinco meses después de que el Tribunal de Familia (en el año 2022) la derivara al Ministerio Público. Cinco meses. Entre tanto, tres o cuatro fiscales anteriores al que aceptó la querella, obligadamente porque fue presentada por mi abogado, rechazaron la causa sin siquiera abrirla.
Cinco meses, en el año 2022, en los que mi madre tenía 96 años.
- Cinco meses en los que no hubo medicación contra el Alzheimer en etapa IV.
- Invalidez total.
- Dependencia absoluta.
- Riesgo vital documentado.
- Maltrato habitual en curso.
- No hubo protección
- No hubo nadie que mirara lo que estaba ocurriendo dentro de ese hogar macabro «La Casa de los Abuelos» y dijera: esto no puede seguir.
La justicia no solo llegó tarde. La verdad es que nunca llegó; y cuando se admitió la querella, lo hizo sin urgencia. Llegó corrupta. Como si cinco meses en la vida de una anciana de 96 años fueran un detalle menor.
Los Tribunales Penales tenían la facultad y la obligación de dictar medidas.
- Medidas cautelares.
- Protección policial.
- Visitas domiciliarias.
- Prohibición de acercamiento del agresor.
- Fiscalización del hogar. Informes médicos.
No dictaron ninguna.
Ninguna.
Mi madre quedó sola. Aislada. Sin supervisión. Sin control institucional de ningún tipo. El tribunal que debía protegerla miró hacia otro lado y dejó que el maltrato siguiera su curso sin interrupciones.
Abandono con nombre y sello oficial.
2.- APARECE UN FISCAL TRANS VERSO QUE REEMPLAZA A OTRA QUE SE MARCHÓ POR NO HACER NADA.
El fiscal Ormazábal o García, un fiscal trans verso:
- No tomó mi testimonio durante casi un año.
- Me hizo esperar cuatro veces sentado frente al ordenador con la angustia en el cielo
- Y con pérdida de dinero, porque las 4 veces tuve que suspender la consulta a mis pacientes.
- Mintió sobre su agenda.
- No investigó las fracturas,
- No verificó la supresión de medicación,
- No citó testigos, no constató la negligencia médica.
- No hizo nada de lo que su cargo exigía.
- El psicópata integrado dio falso testimonio y yo lo impugné con pruebas sólidas que demostraban la falsedad de su declaración,
- Pero el fiscal no hizo ninguna investigación ni lo imputó,
- Porque este fiscal trans verso tenía que sobreseer la causa.
Y el tribunal no exigió explicaciones. No ordenó diligencias, no sancionó la inacción, no fiscalizó al fiscal, no protegió a mi madre ni a mí.
3.- EL TRIBUNAL PERMITIÓ LA PREVARICACIÓN FISCAL. LA VALIDÓ. LA NORMALIZÓ
Un fiscal que no investiga durante un año un caso de maltrato habitual a una anciana en riesgo vital no está saturado de trabajo. Está eligiendo no investigar. Y cuando el tribunal no dice nada, esa elección se convierte en doctrina.
La PDI entregó un informe vergonzoso, inepto, falso:
- sin testigos, sin verificación,
- sin constatación real,
- sin rigor técnico.
- un informe que en su forma era «correcto» y en su fondo era vacío.
- tan vacío, que estos policías sin escrúpulos ni moral ni idoneidad quitaron los testigos del informe criminológico.
- los hicieron desaparecer.
- lo que me hizo recordar la triste historia de los detenidos-desaparecidos en el Chile de Pinochet.
Y el tribunal Penal lo aceptó.
- Lo incorporó,
- Lo validó y lo utilizó como base.
- Sin exigir correcciones.
- Sin ordenar diligencias adicionales.
- Sin preguntarse por qué un informe de la PDI sobre fracturas múltiples en una anciana no contenía ni una sola entrevista, ni una sola verificación médica, ni un solo elemento de prueba real.
Y todo ello se lo hice ver al fiscal por escritos subidos al poder judicial. Pero el fiscal, con la determinación y valentía de un soldado encubierto por la impunidad institucional, iba a por el sobreseimiento de la causa y no le importaba nada de lo que se le presentara. De nada serviría.
4.- SOBRE ESE INFORME SE CONSTRUYÓ LA IMPUNIDAD DE SERGIO LEIVA QUINTEROS
Mi declaración debía ser formal. Registrada. Audiovisual. Probatoria.
El fiscal trans verso Ormazábal la convirtió en una entrevista informal.
- Y luego ese registro desapareció.
- No está en la carpeta, ni en el «sistema», ni en los respaldos.
- ¿Cómo es posible que desaparezcan pruebas dentro del poder judicial?
- Es como si desaparecieran kilos de cocaína requisada en instalaciones de la PDI.
- Aunque entiendo y hay reportes «oficiales» y registros en medios de comunicación, presuntamente, que esas «extracciones» de cocaína en dependencias de la PDI no son infrecuentes.
- El tribunal no exigió su recuperación.
- No ordenó su búsqueda,
- no sancionó la pérdida,
- no protegió mi derecho a declarar.
La justicia borró mi voz. Literalmente.
Y cuando la voz de la víctima indirecta desaparece del expediente, lo que queda es la versión del agresor. Sola. Sin contrapeso.
Hay una forma de crueldad que no tiene rostro visible. Que no levanta la voz. Que no golpea. Que no amenaza. Que simplemente no hace nada.
5.- LA CAPACIDAD DE JUSTIFICAR LA INACCIÓN HASTA QUE PAREZCA PROTOCOLO
Los Tribunales Penales funcionaron así. Frialdad institucional. Indiferencia ante el sufrimiento.
No actuaron porque actuar era difícil. Era difícil actuar, era comprometido porque iba en contra de su propia sentencia y provocaba enormes contradicciones y significativas disonancias cognitivas.
Y el sistema eligió lo cómodo. Eligió hacerse, como dicen en Chile, el «huevón».
Aunque lo cómodo para el sistema fuera lo devastador para mi madre.
Los Tribunales Penales tuvieron cada pieza de este caso en sus manos. El informe policial vacío. La investigación paralizada. La declaración desaparecida del expediente. Y eligieron no preguntar. Eso convirtió al sistema penal en el último engranaje de la impunidad.
No fallaron por desconocimiento. Fallaron porque proteger a un adulto mayor maltratado requería trabajar. Y el sistema eligió no trabajar. Y eligió no solo parasitar, sino también prevaricar a sabiendas, según sostenemos y presumimos a partir de la verdad material que conocemos y de las pruebas presentadas en la causa, que el fiscal trans verso ni siquiera examinó.
Mientras todo esto ocurre, yo sigo.
Sigo escribiendo. Sigo denunciando. Sigo ordenando documentos. Sigo construyendo memoria. Sigo pidiendo peritajes. Sigo construyendo la plataforma digital para que esto no le pase a nadie más.
Mi madre sigue viva. Sigue siendo maltratada. Sigue desaparecida para mí por el psicópata integrado Sergio Leiva Quinteros. Sigue siendo ignorada por el sistema. Sigue siendo el centro de mi lucha.
El Estado nunca pide perdón. Nunca reconoce. Nunca repara.
Pero yo tampoco me rindo.
Los Tribunales Penales tuvieron cada pieza de este caso en sus manos.
- Cada informe.
- Cada denuncia.
- Cada omisión.
- Cada fractura.
- Cada señal de alarma.
- Cada evidencia del deterioro.
- Cada prueba del maltrato habitual.
- Cada registro del aislamiento.
- Cada indicio de supresión de medicación.
- Cada documento que demostraba que Ricarda Quinteros Rivas estaba siendo destruida lentamente.
Y, aun así, eligieron no ver. Eligieron no preguntar. Eligieron no investigar. Eligieron no proteger. Eligieron no incomodar al agresor. Eligieron no incomodar al hogar. Eligieron no incomodar a nadie.
Esa elección no fue ignorancia. Fue decisión. Fue estructura. Fue sistema. Fue impunidad.
Porque cuando el Estado decide no actuar, cuando la fiscalía decide no investigar, cuando los jueces deciden no exigir diligencias, cuando los Tribunales Penales deciden no proteger, alguien se beneficia.
Y ese alguien no es el Estado. No es la institución. No es el funcionario. No es el juez. No es el fiscal.
Ese alguien es el agresor.
El psicópata integrado.
El ideólogo. El ejecutor. El beneficiario directo de cada omisión, de cada negligencia, de cada silencio, de cada sobreseimiento, de cada rechazo, de cada incompetencia, de cada resolución absurda, de cada fiscal que no quiso abrir la causa, de cada juez que no quiso mirar el expediente, de cada funcionario que no quiso tocar el teléfono, de cada institución que decidió que una mujer de 96, 97, 98, 99 años no merecía protección.
Porque la impunidad no surge sola. La impunidad necesita un beneficiario. La impunidad necesita un arquitecto. La impunidad necesita un ejecutor. La impunidad necesita un sujeto que la aproveche, que la use, que la instrumentalice, que la convierta en arma.
Ese sujeto existe. Tiene nombre y apellidos. Tiene historia. Tiene cronología. Tiene modus operandi. Tiene motivación. Tiene patrón. Tiene estructura mental. Tiene rasgos psicopáticos integrados. Tiene un plan que comenzó hace casi veinte años. Y empezó a ejecutarlo con frialdad, persistencia y maldad absoluta, cometiendo actos delictivos contra su madre, a partir de 2015.
Y mientras el sistema penal fallaba, él avanzaba. Mientras los fiscales rechazaban la causa sin abrirla, él seguía aislando. Mientras los jueces ignoraban el riesgo vital, él seguía suprimiendo medicación. Mientras la fiscalía archivaba sin investigar, él seguía apropiándose del dinero de su madre. Mientras el Estado miraba hacia otro lado, él seguía perfeccionando su control. Mientras la justicia se paralizaba, él seguía ejecutando su plan.
Porque la impunidad institucional no solo permitió el maltrato. Lo facilitó. Lo sostuvo. Lo protegió. Lo legitimó. Lo hizo posible.
Y por eso ahora vanos a entrar de lleno en las acciones de la fiscalía, de las acciones del fiscal trans verso Alex o García u Ormazábal.