INTRODUCCIÓN TRIBUNALES DE FAMILIA.-
Pasemos ahora a revisar, analizar, reflexionar y criticar una de las instituciones más corruptas e ignorantes del sistema jurídico chileno: los Tribunales de Familia. Allí hay abogadillos en prácticas universitarias que ocupan puestos de relevancia como curadores ad litem y que, en pocas palabras, no tienen pajolera idea del derecho de familia. Están ahí para completar un expediente, un formulario, para marcar la casilla de las horas de prácticas oficiales y terminar de comprar su título de abogado en el mercado neoliberal de la educación universitaria. Por otra parte, es una institución que paga a asistentes sociales (mal llamadas consejeras técnicas), sin sentido común ni conocimiento de los derechos de las personas mayores, incapaces de reflexionar sobre los cuidados y derechos de las personas mayores vulnerables, que no comprenden la atención reforzada que este colectivo necesita y que dicen burradas en sus informes. Sin rigor metodológico ni conocimiento de las problemáticas psicológicas y sociosanitarias que padecen las personas mayores, pero que por la torpeza epistemológica y organizacional de los tribunales de familia, “sirven” o las utilizan de “consejeras” de los jueces. Vaya burrada técnica.
Y bueno, en la cúspide están los jueces, con una ignorancia no solo inexcusable, sino perversa: etiquetan todos los jueces, todo lo padecido por la víctima, mi madre como «un conflicto entre hermanos». Tanta ignorancia es ofensiva en sí misma, pero ahí están, intocables, dioses del sistema, en un país del quinto mundo, a quienes los abogados adulan y lamen una y otra vez porque son los reyes del bambo y pueden permitirse, sin duda alguna y sin remordimientos, mentir, como hizo el juez Carlos Cataldo Cataldo, para dictar la sentencia que desean. Entremos a ello.
TRIBUNALES DE FAMILIA: la acción o inacción parasitaria e ignorante.
1.- LA OMISIÓN JUDICIAL Y LA INDIFERENCIA ANTE EL SUFRIMIENTO
Los Tribunales de Familia de Chile tienen el deber de proteger a los más vulnerables. De intervenir cuando hay riesgo. De evitar daños irreparables. Al menos eso dice la Constitución y el ordenamiento jurídico.
En el caso de Ricarda Quinteros Rivas, no protegieron, no actuaron, no intervinieron, no fiscalizaron, no hicieron seguimiento, no cumplieron su deber.
Y su omisión permitió que el maltrato habitual continuara durante años. Vamos desde el inicio del todo. De forma secuencial, para comprender mejor lo sucedido dentro de los tribunales de familia.
En 2022 presenté la demanda por Violencia Intrafamiliar. Creí en ese momento que algo iba a cambiar. Que alguien, desde Chile, desde un juzgado con poder real, iba a mirar a Sergio Leiva Quinteros a los ojos y decirle que se había terminado.
La jueza Jessica Arenas Paredes revisó los antecedentes. Detectó indicios claros de maltrato habitual, negligencia estructural, violencia económica, violencia psicológica, supresión de medicación, aislamiento, reclusión, riesgo vital. Y tomó una decisión técnicamente correcta: derivar la causa al Ministerio Público.
Pero ahí terminó su diligencia la Jueza experta en personas mayores, doña Jessica Arenas.
- Después de esa derivación no ordenó medidas cautelares.
- No exigió informes periódicos,
- No fiscalizó el cumplimiento,
- No verificó el estado de salud de mi madre,
- No protegió a nadie.
- La jueza abrió la puerta.
- Pero no entró.
- Y dejó a mi madre sola al otro lado.
Lo que vino después todavía me cuesta explicar sin que me tiemble la voz.
Cuando el hogar impuso la prohibición de comunicación,
- Yo quedé sin poder hablar con mi madre.
- Sin poder verificar su estado.
- Sin poder constatar si estaba viva o si estaba sufriendo.
- Sin poder denunciar lo que ocurría dentro. Sin poder protegerla.
Y el tribunal aceptó esa medida sin exigir justificación. Sin verificar su necesidad. Sin evaluar su impacto sobre una anciana con deterioro cognitivo que necesitaba el contacto con su hijo tanto como necesitaba la medicación que le estaban suprimiendo.
Yo estaba a 12.000 kilómetros.
Y el sistema judicial, en lugar de ser mi aliado, me convirtió en el aislado.
- No aisló a Sergio. Lo integró.
- No aisló al hogar. Lo protegió.
- A mí. Me aisló, me sancionó, me excluyó.
Cuando la jueza levantó la prohibición de comunicación, pensé que el peor período había terminado. Que podría llamar a mi madre. Que el silencio que ella interpretaba como abandono iba a romperse.
- Pero el tribunal no verificó el cumplimiento.
- No fiscalizó al hogar,
- No exigió que se habilitaran las llamadas,
- No sancionó cuando el hogar siguió bloqueando el contacto.
La orden judicial quedó en papel.
Y el hogar siguió actuando como si la justicia no existiera.
Porque, en la práctica, no existía.
Los Tribunales de Familia, en demandas posteriores por Violencia Intrafamiliar (VIF), tanto el de Santiago como el de La Ligua, fueron informados por mí,
- por documentos,
- por correos,
- por denuncias formales,
- por documentación escrita y audiovisual de hechos que no admitían dilación:
- fractura de cadera,
- fracturas vertebrales,
- supresión deliberada de medicación,
- negligencia médica documentada,
- aislamiento sistemático,
- desapariciones,
- violencia económica,
- violencia psicológica,
- maltrato habitual.
Sabían.
Y aun así no ordenaron medidas cautelares ni visitas domiciliarias ni informes sociales ni peritajes ni fiscalización ni protección de ningún tipo.
- Eso es abandono.
- Es parasitismo institucional,
- Es prevaricación con la verdad material por delante.
Yo fui revictimizado por el sistema que debía protegerme. Ignoraron mis escritos. Ignoraron mis denuncias. Ignoraron mis pruebas. Ignoraron mi rol como víctima indirecta.
El peritaje psicológico lo documenta con precisión: «La revictimización prolongada del evaluado se ve agravada por la omisión institucional y la falta de medidas protectoras eficaces».
2.- LA DESPROTECCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA
Los Tribunales de Familia no solo no protegieron a mi madre.
No me protegieron a mí tampoco.
Había herramientas, leyes y obligaciones.
- La Ley de Violencia Intrafamiliar exigía actuar con urgencia.
- La Ley del Adulto Mayor exigía intervenir ante riesgo vital.
- La ley de protección al paciente exige proteger al paciente.
- La Convención Interamericana, que Chile ha suscrito, garantiza el derecho a la integridad y a la protección del Estado.
- La Constitución del Estado chileno, aun en el quinto mundo y también sobre el papel, protege a las personas mayores mediante el artículo 19.
Pero en la realidad de los tribunales chilenos ganaron el parasitismo, la vaguería y la ignorancia de los curadores ad litem (la mayoría de los cuales son alumnos de universidades privadas que hacen sus prácticas), de los consejeros técnicos y de los jueces que, no sé si por cortedad mental, por ignorancia o por ambas cosas (puede haber una tercera causa oculta que desconozco), fallan porque para ellos este caso es un «conflicto entre hermanos».
Y con este nivel de competencia intelectual, siguen cobrando suculentos honorarios mensuales. Es una auténtica vergüenza que a los jueces de Familia no se les exija una formación especializada, no cursillos de una semana.
Y que a los curadores ad litem se le asignen tareas de alta responsabilidad, como la defensa de las personas mayores para las cuales no están cualificados y que se permita, además, que no visiten a su defendido para ver las condiciones reales psicosociales y sanitarias en que ese anciano está viviendo. Ningún curador asignado visitó a mi madre. ¡¡¡Ninguno¡¡¡. Vaya vagos e ignorantes.
Y lo más grosero y delirante, que los tribunales de familia admitan que este estudiante de derecho, con cero conocimientos de medicina, psicología, emita juicios clínicos válidos para una sentencia, ¡¡¡afirmando que esta persona mayor está en buen estado de salud¡¡¡
Pero qué pasa en Chile,
- ¿¿cómo es posible que lleguen a semejante estupidez metodológica, epistemológica, administrativa y judicial en un tribunal de familia??
- Yo lo he vivido en todas las causas en tribunales de Santiago y de Valparaíso.
- Está verificado en las grabaciones de todas las audiencias.
- Claro, llevan años con esa estupidez y cortedad mental en los tribunales de familia, que esta burrada de permitir que un alumno de cuarto año de derecho emita un juicio clínico médico y psicológico sobre un anciano que no ha visto en su vida, con valor judicial, que semejante estupidez la terminan normalizando, como todo proceso de normalización de la consciencia.
- Yo, en toda mi vida académica en universidades de prestigio dentro y fuera de Chile, de trabajar investigación con el dr. Fernando Lolas Stepke (entre otros profesionales referentes nacionales del conocimiento), y de trabajo clínico en terreno, no he visto semejante torpeza, ignorancia, imbecilidad normalizada, aceptada, oficializada en un poder del Estado.
- Es para denunciar al Estado chileno por subnormal. Es que yo lo he visto con mis propios ojos en Audiencias de Familia en tribunales de Santiago y Valparaíso, en las dos ciudades más importantes de la república de Chile.
- Si esto sucede en la capital del país, en un pueblo perdido del interior el juez, seguro, es el «tonto del pueblo», con todo respeto a este personaje.
Retomando entonces. Había herramientas, leyes y obligaciones. Había un andamiaje disponible.
- Y no se usó.
- No por ignorancia.
- No por omisión.
- No se usó por una cultura judicial que trata el maltrato a los mayores como un conflicto doméstico que puede esperar.
- Que puede siempre esperar un poco más.
Los Tribunales de Familia fueron el primer eslabón que falló.
Y cuando falla el primero, todos los que siguen tienen un precedente.
- La fiscalía vio que los Tribunales no actuaban con urgencia y entendió que tampoco ella necesitaba hacerlo.
- La PDI vio que la fiscalía archivaba y entendió que investigar era opcional.
- El SENAMA vio que nadie pedía cuentas y entendió que amparar a un hogar maltratador era suficiente.
Y Sergio Leiva Quinteros vio todo eso. Lo calculó. Lo usó. Siguió. Y su abogado, regocijándose.
La impunidad no cae del cielo. La construyen, despacho a despacho, los que miran el expediente y deciden que puede esperar.
Pero al otro lado estaba mi madre.
Anciana. Frágil. Asustada. Preguntando por mí.
Y yo no podía llegar.
Eso no es un fallo procesal. Es una forma de violencia.
Las acciones judiciales fallidas que siguieron —las audiencias de violencia intrafamiliar (VIF), en Santiago y en La Ligua, las intervenciones negligentes de consejeros técnicos, las omisiones de curadores ad litem, las decisiones tibias de jueces que nunca quisieron ver el riesgo— revelaron un patrón claro: un sistema judicial parasitario, más preocupado de proteger su propia maquinaria que de proteger a las víctimas.